Nos preocupa que en la reforma que prepara el Gobierno no se tenga en cuenta la estrecha vinculación entre el nivel de los servicios públicos y la calidad de la función pública
Por María Jesús Esteban, Federico Pastor, María Jesús Sáez
El Gobierno prepara desde hace meses una reforma en profundidad del sistema de acceso a los Cuerpos Superiores de la Administración del Estado. Se trata de la práctica totalidad de los funcionarios del grupo A1: inspectores de Hacienda, de Trabajo, técnicos comerciales y economistas del Estado, interventores y auditores del Estado y Seguridad Social, ingenieros del Estado, abogados del Estado… El objetivo, según explicó Miquel Iceta en su etapa como ministro de Política Territorial y Función Pública, es potenciar la valoración de las aptitudes y reducir el peso de la memorización.
Desde aquellas explicaciones, pocas noticias más hemos tenido sobre las intenciones del Gobierno. Es un sigilo que no acabamos de compartir, puesto que se trata de una cuestión esencial, y no solo para los que ya formamos parte de esos cuerpos o para los que aspiran a hacerlo, sino para el conjunto de la sociedad española.
Los funcionarios públicos estamos acostumbrados a no disfrutar de la simpatía del ciudadano medio. En el caso de los que pertenecemos, tras mucho esfuerzo, a los cuerpos superiores, esa carga es aún mayor. Somos, según algunos discursos, parte de un estamento social socialmente elitista y prácticamente estanco.
Tan arraigadas están esas visiones peyorativas de la función pública que resulta casi revolucionario explicar lo obvio: los funcionarios públicos estamos al servicio de la sociedad. Trabajamos para los ciudadanos. Y la labor de nuestros cuerpos es muy importante: un inspector de Hacienda combate el fraude; el de Trabajo impide abusos y vela por el cumplimiento de la legislación; un técnico comercial y economista del Estado ayuda a las empresas a ampliar mercados y diseña políticas y reformas para impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo; un diplomático defiende los intereses de España —y de los españoles— en el exterior; un abogado del Estado garantiza la seguridad jurídica y defiende los derechos de la Administración Pública, que representa al conjunto de la sociedad; los cuerpos técnicos, de letrados e interventores de la Seguridad Social gestionan y controlan el futuro de nuestras pensiones; un interventor vela para que la Administración se ajuste al ordenamiento jurídico y a los principios de la buena gestión financiera… Imaginen un país en el que nada de esto funcionara. Tendrían una descripción certera de lo que es un Estado fallido.
En definitiva, los funcionarios A1 somos los garantes de que la Administración Pública funcione, en sus aspectos más complejos, con los estándares de un país moderno, jurídicamente seguro y confiable. Por eso, los procesos de selección de estos cuerpos son tan importantes; por eso, nos preocupa que en la reforma que prepara el Gobierno no se tenga en cuenta la estrecha vinculación entre el nivel de los servicios públicos y la calidad de la función pública.
Existe un punto de partida que todos, con mayor o menor intensidad, compartimos: la necesidad de adaptar el sistema de oposición a una sociedad, a una administración, que está cambiando rápidamente. Son varios los fenómenos que apuntan a esa necesidad de mejoras, pero probablemente la digitalización de la sociedad, los cambios profundos que se están produciendo en la economía y la geopolítica y la garantía de acceso a la función pública con igualdad de oportunidades sean los más relevantes.
