El impacto del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda de salvaguarda para contener el impacto que provocó la crisis sanitaria en las rentas familiares hace dos años, ha alcanzado únicamente a la mitad de las familias prometidas hace dos años. En concreto, esta cobertura alcanza a 426.000 núcleos familiares de los 850.000 hogares prometidos cuando se lanzó la ayuda al comienzo de la pandemia, en 2020.
El IMV acumula 1,7 millones de solicitudes, una cifra que se ha elevado a raíz de la crisis humanitaria más grave acometida en Europa por la crisis de Ucrania. El resultado: sólo una de cada cuatro solicitudes para recibir esta renta básica son aprobadas. Desde la Asociación Estatal de Gerentes y Directores de Servicios Sociales critican que la tela de araña burocrática priva el acceso a las familias necesitadas.
El segundo motivo de queja de los trabajadores sociales se centra en el patrón de movimiento de las personas excluidas socialmente. Para pedir el IMV, uno de los requisitos es que la unidad familiar es estar asentados como hogar en un mismo sitio en los seis meses previos. Este factor dentro del “laberinto burocrático” supone un 10% de las solicitudes rechazadas. En este sentido, solicitaron exceptuar este requisito para aquellos que huyen de la guerra.
Únicamente el 12,08% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital, 1.064.609 personas, de los cuales 456.000 son menores, rescatan desde la asociación. Estos datos corren a cuentagotas, y aún tienen que esperar para ser actualizados. La cobertura continúa siendo desigual en el territorio nacional, hay CCAA que únicamente tienen una cobertura del 7,1%, como Cataluña, o 7,5% en Canarias, mientras que Navarra supera el 27%.
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